Este concepto se ha ampliado para incluir condiciones médicas comunes como obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, así como la falta de recursos financieros o un dominio limitado del inglés.

Expertos legales advierten que la norma es discriminatoria y otorga una discrecionalidad excesiva a los funcionarios consulares, que carecen de formación médica para tomar tales decisiones.

Paralelamente, la administración revocó el TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, quienes perderán su permiso de residencia y trabajo, quedando en riesgo de deportación. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple las condiciones para mantener dicho estatus. Estas medidas se suman a un aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han sido calificadas como más agresivas y violentas, llegando a realizarse en “lugares sensibles” como guarderías, una práctica que estaba previamente restringida.