La parálisis obligó a unos 800.000 empleados federales a ser suspendidos temporalmente, mientras que otros 700.000, considerados esenciales, como los controladores aéreos, tuvieron que trabajar sin recibir su salario.

Esta situación provocó una crisis en el sector aéreo, con la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenando reducir la capacidad de vuelo hasta en un 10% en 40 de los aeropuertos más concurridos del país, lo que resultó en miles de cancelaciones y retrasos. Además, el programa de asistencia alimentaria (SNAP), del que dependen 42 millones de estadounidenses, quedó desfinanciado, y la Corte Suprema permitió a la administración Trump suspender temporalmente los pagos. Tras una intensa presión pública y crecientes daños económicos, el Senado finalmente aprobó un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno de forma provisional hasta enero, aunque el pacto generó malestar entre algunos demócratas al no garantizar la extensión de los subsidios de salud.