Si continúan, los mataremos”.

La justificación de Washington es que estas acciones protegen la patria del “envenenamiento” de las drogas.

Sin embargo, esta ofensiva ha sido duramente criticada.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que existen “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, ya que se realizan sin un proceso judicial y sin que las víctimas representen una “amenaza inminente”. Gobiernos de la región, como el de Colombia, han reaccionado enérgicamente; el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de inteligencia con agencias de EE.

UU. en protesta, afirmando que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos”.

Rusia también condenó las acciones como “ilegales e inaceptables”.

Pese a las críticas, la Casa Blanca mantiene su postura, argumentando que se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga.