La administración Trump ha intensificado sus políticas de línea dura en materia de inmigración, generando un clima de miedo en las comunidades a través de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la revocación de protecciones temporales y la implementación de nuevos criterios para negar visas. Organizaciones de derechos humanos denuncian un aumento en la agresividad de las redadas de ICE, que ahora se realizan incluso en “lugares sensibles” como guarderías, una práctica previamente restringida. Un caso que causó conmoción fue la detención violenta de una maestra colombiana en una guardería de Chicago, presenciada por niños. El testimonio de un adolescente de 16 años, Manny Chávez, se hizo viral al expresar su temor: “Me da miedo que mis padres salgan de casa y no verlos jamás”. Estas acciones han creado una profunda angustia y la sensación de una amenaza constante de deportación. Además, la administración revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, dejándolos en situación irregular y en riesgo de ser deportados.
La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su preocupación y solicitó a las autoridades estadounidenses una revisión del caso.
A estas medidas se suma una nueva directriz que permite a los funcionarios consulares negar la residencia permanente a extranjeros con condiciones de salud como obesidad, diabetes o hipertensión, al considerarlos una potencial “carga pública”.
Expertos legales han advertido que esta norma otorga un poder discrecional preocupante a funcionarios sin formación médica, que podrían basar sus decisiones en prejuicios.
En resumenLa administración Trump ha reforzado su agenda migratoria con tácticas más agresivas, incluyendo redadas de ICE en lugares sensibles, la eliminación del TPS para venezolanos y la introducción de criterios de salud para negar visas. Estas medidas han aumentado el temor en las comunidades migrantes y han sido criticadas por defensores de derechos humanos.