El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha justificado las acciones afirmando que se dirigen a “organizaciones terroristas designadas” que transportan narcóticos. En un mensaje en la red social X, Hegseth anunció uno de los últimos ataques: “Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”. Advirtió que “los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

Sin embargo, estas operaciones han sido condenadas por gobiernos como los de Venezuela y Colombia, así como por la ONU, cuyo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó que podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”. Las críticas se centran en que los ataques se realizan sin un debido proceso judicial y sin pruebas de que las embarcaciones representaran una amenaza inminente. La ofensiva se enmarca en un despliegue militar mayor, que incluye el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe.

Mientras Washington defiende la campaña como una medida de seguridad nacional, una investigación de la agencia AP sugiere que varias de las víctimas eran pescadores o trabajadores empobrecidos, no miembros de alto rango de carteles, lo que agrava las dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la fuerza empleada.