Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada.

Investigaciones de agencias como AP sugieren que muchas de las víctimas eran pescadores empobrecidos o trabajadores, no miembros de alto rango de carteles.

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma; la ONU, la Unión Europea y líderes de Venezuela, Colombia y Cuba han condenado los ataques como violaciones del derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales. El propio presidente Trump ha reconocido su responsabilidad en los bombardeos, enmarcándolos como parte de una estrategia de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien acusa de estar “integrado en los carteles del narcotráfico”. A pesar de la controversia, el Senado de EE. UU. rechazó una resolución que buscaba limitar la autoridad militar de Trump, dándole vía libre para continuar con las operaciones.

El despliegue naval en la región se ha reforzado y se espera la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense.