Aproximadamente 800.000 trabajadores federales adicionales fueron suspendidos temporalmente.

La crisis social se agudizó con la amenaza de suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de personas para su alimentación, una medida que la Corte Suprema permitió temporalmente a solicitud de Trump. El impacto económico fue severo, con estimaciones de Goldman Sachs que calculaban un costo cercano al 1,5 % del PIB. La presión pública, reflejada en encuestas que culpaban mayoritariamente a los republicanos y a Trump, junto con el reconocimiento del propio presidente del daño político que estaba sufriendo su partido, aceleró las negociaciones. El acuerdo final, aunque reabrió el gobierno hasta el 30 de enero de 2026, simplemente pospuso la contenciosa votación sobre los subsidios de Obamacare hasta diciembre, dejando la raíz del problema sin resolver.