Estas medidas reflejan una estrategia restrictiva que busca limitar la inmigración legal e ilegal en el país.

Una de las decisiones más impactantes es la finalización del TPS para los venezolanos, que afecta a entre 250.000 y 600.000 personas, dejándolas sin protección migratoria y en riesgo de deportación a partir de la medianoche del 7 de noviembre. La medida ha generado una profunda incertidumbre y angustia en la comunidad venezolana en Estados Unidos, que durante años ha encontrado en este estatus un permiso de residencia y trabajo. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su preocupación y solicitó a las autoridades estadounidenses una revisión del caso para extender la protección.

Paralelamente, el gobierno ha ampliado los criterios de exclusión médica para la obtención de visas de residencia. Una nueva directriz del Departamento de Estado instruye a los funcionarios consulares a negar la visa a inmigrantes con afecciones como obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, al considerarlos una posible “carga pública” para el sistema de salud. Expertos legales han criticado la medida, advirtiendo que los funcionarios consulares carecen de formación médica para tomar tales decisiones, lo que podría basarse en prejuicios. Estas políticas se suman a un enfoque más estricto en la aplicación de las leyes migratorias, que incluye la revocación de unas 80.000 visas desde enero de 2025 por delitos y otras infracciones, y un aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).