El caso, conocido formalmente como *Learning Resources, Inc.

contra Trump*, fue iniciado por empresas que argumentan que el presidente se extralimitó en su autoridad al utilizar la IEEPA para imponer aranceles a una amplia gama de importaciones, declarando diversas emergencias económicas. Los demandantes sostienen que esta ley no autoriza al presidente a imponer aranceles de forma unilateral y que dicha acción viola el principio de separación de poderes, ya que el Congreso no otorgó esa autoridad específica. La administración Trump ha utilizado esta ley para justificar aranceles sobre productos de numerosos países, en el marco de su agenda proteccionista. La decisión de la Corte Suprema es considerada incierta por los expertos, con probabilidades estimadas en un 50 %. Magistrados conservadores clave ya han planteado dudas sobre la legalidad de la medida, lo que sugiere que el resultado no está garantizado para el gobierno. Si el tribunal falla en contra de la administración, esta podría verse obligada a reembolsar los aranceles cobrados. El caso se produce en un contexto en el que incluso algunos senadores republicanos han votado para poner fin a aranceles específicos, mostrando una creciente división dentro del propio partido sobre la política comercial del presidente.