Estas operaciones, calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales, han elevado la tensión geopolítica en América Latina.

Desde septiembre, se han documentado al menos 18 ataques contra lanchas y un semisumergible, causando la muerte de más de 69 personas. El presidente Donald Trump ha justificado estas acciones como parte de una guerra contra “narcoterroristas”, afirmando que los carteles de la droga son “organizaciones terroristas internacionales”.

En un evento en Miami, declaró: “Estamos atacando a los terroristas. Le estamos poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha reforzado esta postura con mensajes directos en redes sociales: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos”.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que estas operaciones podrían constituir crímenes internacionales y ejecuciones extrajudiciales, al realizarse en aguas internacionales sin procesos judiciales previos. Gobiernos de la región, como los de Colombia y Venezuela, han rechazado el despliegue militar, mientras que una investigación de la agencia AP reveló que muchas de las víctimas eran pescadores o trabajadores empobrecidos, no miembros de grandes carteles. La ofensiva, que comenzó en el Caribe, se ha extendido al Pacífico Oriental, cerca de las costas de Colombia, aumentando la preocupación por una posible escalada del conflicto.