La administración Trump fue obligada por una orden judicial a garantizar los fondos completos del programa, una decisión que el propio presidente criticó públicamente. Con el cierre gubernamental dejando al programa sin fondos, la administración Trump inicialmente ofreció cubrir solo el 65 % de los beneficios, lo que habría significado una reducción drástica para millones de familias vulnerables.

Ante esta situación, un juez federal en Rhode Island intervino y ordenó a la Casa Blanca cubrir por completo los beneficios del SNAP. La reacción del presidente Trump no se hizo esperar; calificó la decisión judicial como “absurda” y, como uno de los principales impulsores del cierre gubernamental, afirmó que mantener la financiación de estos programas “solo prolonga un sistema ineficiente”. Sus declaraciones generaron una fuerte controversia, contrastando con la posición de la Casa Blanca y el Departamento de Agricultura, que defendieron la necesidad de garantizar la distribución de alimentos para evitar un impacto humanitario. La Casa Blanca aseguró que “nadie debería pasar hambre por disputas políticas”, mientras que Trump culpó a los demócratas por la situación y afirmó que los pagos se harían cuando el gobierno reabriera.