La administración Trump ha implementado un significativo endurecimiento de su política migratoria, afectando a cientos de miles de personas a través de la eliminación de protecciones, el aumento de operativos de deportación y la creación de nuevos obstáculos para la inmigración legal. Estas medidas han sido una pieza central de su presidencia, generando un clima de miedo e incertidumbre en las comunidades migrantes. Una de las acciones más destacadas fue la rescisión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 250.000 venezolanos, quienes a partir del 7 de noviembre perderían su autorización de residencia y trabajo, enfrentándose al riesgo de deportación. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su preocupación y solicitó a las autoridades estadounidenses una revisión del caso.
Al mismo tiempo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus redadas, empleando tácticas más agresivas.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que los agentes actúan con impunidad, irrumpiendo en viviendas sin órdenes judiciales y utilizando fuerza excesiva. La eliminación por parte de Trump de la directiva que protegía “lugares sensibles” como las guarderías ha permitido operativos como el ocurrido en Chicago, que causó conmoción. Además, el gobierno ha emitido una nueva directriz que podría negar visas a inmigrantes bajo el criterio de “carga pública”, afectando a personas con condiciones de salud comunes como diabetes u obesidad, al considerar que podrían depender de la asistencia médica del Estado.
En resumenEl enfoque de la administración Trump en materia de inmigración ha sido consistentemente restrictivo, combinando la eliminación de estatus de protección como el TPS con un aumento en la agresividad de las redadas de ICE y la imposición de barreras más estrictas para la inmigración legal. Estas políticas han creado una atmósfera de temor y han sido criticadas por su impacto humanitario y su posible violación de derechos constitucionales.