Estas operaciones, que han resultado en la muerte de casi 70 personas, han generado una fuerte controversia internacional sobre su legalidad y justificación.

Desde septiembre, el Gobierno de Estados Unidos ha hundido al menos 18 embarcaciones, incluyendo 17 lanchas y un semisumergible. El presidente Trump ha justificado estas acciones afirmando que las tripulaciones son “narcoterroristas” y que las operaciones son parte de una estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha reforzado esta postura con declaraciones contundentes, como: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan, los mataremos”.

Sin embargo, estas acciones han sido condenadas por organismos internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que los ataques podrían constituir “crímenes internacionales y ejecuciones extrajudiciales”, ya que se realizaron en aguas internacionales y sin procesos judiciales.

Gobiernos de la región, como Venezuela, Colombia y Cuba, han rechazado el despliegue militar. Además, una investigación de la agencia AP reveló que varias de las víctimas no eran miembros de carteles, sino pescadores y trabajadores empobrecidos, lo que contradice la narrativa oficial de Washington y profundiza las dudas sobre la legitimidad de los ataques.