Estas operaciones, que han causado más de 65 muertes desde septiembre, son defendidas por Washington como una guerra contra "narcoterroristas", pero han sido condenadas por la ONU y varios países latinoamericanos como "ejecuciones extrajudiciales". Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos 17 ataques contra lanchas en aguas internacionales, resultando en la muerte de más de 66 personas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha confirmado varias de estas operaciones, ordenadas directamente por el presidente Trump, afirmando que las embarcaciones destruidas pertenecían a “Organizaciones Terroristas Designadas” y transportaban narcóticos.

En un mensaje directo, Hegseth advirtió: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos”.

El propio presidente Trump ha defendido los operativos, asegurando que con ellos se está “poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela”.

Sin embargo, esta estrategia ha provocado una fuerte reacción internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha calificado los bombardeos de “inaceptables” y ha señalado que podrían constituir violaciones graves al derecho internacional, ya que, con la escasa información disponible, no parece que las víctimas representaran una “amenaza inminente”. Gobiernos como los de Colombia, Venezuela y Cuba han denunciado los ataques, mientras el tema ha generado una grieta en la cumbre CELAC-UE, evidenciando las profundas divisiones que la ofensiva estadounidense está causando en la región.