Gobiernos como los de Venezuela y Colombia han calificado los ataques de “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU se han sumado a las denuncias, señalando que estas acciones infringen el derecho internacional y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, dado que se realizan fuera de un conflicto armado declarado y sin que las víctimas representen una amenaza inminente.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a Estados Unidos a detener los ataques de inmediato. A pesar de la creciente presión, la administración Trump ha insinuado la posibilidad de extender los bombardeos a zonas terrestres, manteniendo una postura desafiante.