La administración de Donald Trump ha intensificado una controvertida campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de decenas de personas en ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Esta ofensiva ha provocado una fuerte condena de gobiernos latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan su legalidad. Bajo el argumento de una “guerra contra las drogas”, la administración Trump ha declarado un “conflicto armado directo” contra carteles latinoamericanos que considera terroristas, justificando así sus acciones militares. Desde agosto, se ha registrado una escalada que comenzó con el despliegue de buques en el Caribe, con Venezuela en la mira, y se ha extendido al Pacífico, involucrando a Colombia. Según los informes, se han realizado más de quince bombardeos que han resultado en la destrucción de diecisiete embarcaciones y la muerte de al menos 66 personas. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, ha sido una de las voces principales de la ofensiva, confirmando múltiples ataques y sentenciando: “Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”. La estrategia ha sido duramente criticada a nivel internacional.
Gobiernos como los de Venezuela y Colombia han calificado los ataques de “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU se han sumado a las denuncias, señalando que estas acciones infringen el derecho internacional y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, dado que se realizan fuera de un conflicto armado declarado y sin que las víctimas representen una amenaza inminente.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a Estados Unidos a detener los ataques de inmediato. A pesar de la creciente presión, la administración Trump ha insinuado la posibilidad de extender los bombardeos a zonas terrestres, manteniendo una postura desafiante.
En resumenLa agresiva campaña militar de la administración Trump contra supuestas narcolanchas ha causado un número significativo de muertes y ha sido condenada internacionalmente. A pesar de que Washington la defiende como una acción necesaria en su guerra contra las drogas, críticos, incluida la ONU, la califican como una serie de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional.
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