La agresiva política arancelaria del presidente Donald Trump ha enfrentado importantes reveses en los poderes judicial y legislativo de Estados Unidos. Decisiones de tribunales y votaciones en el Senado han puesto en tela de juicio la autoridad del ejecutivo para imponer gravámenes de manera unilateral, creando una fractura sobre su política comercial. Un Tribunal Federal de Apelaciones declaró improcedente el uso de poderes de emergencia por parte de Trump para imponer aranceles masivos a productos de China, México y Canadá. El fallo, que limita la autoridad presidencial en materia comercial, reafirmó que solo el Congreso tiene la facultad constitucional de definir impuestos y tarifas. Aunque los aranceles seguirán vigentes hasta un pronunciamiento de la Corte Suprema, la decisión representa un precedente clave contra la extralimitación del poder ejecutivo.
Paralelamente, el Senado desafió directamente al presidente al aprobar una resolución para anular los aranceles globales impuestos por su administración.
Con el apoyo de varios republicanos, la cámara votó a favor de derogar las tasas aplicadas a socios como Brasil, Canadá, Japón y la Unión Europea. Estas acciones legislativas y judiciales evidencian una creciente resistencia a la política comercial de Trump, incluso dentro de su propio partido, y abren un debate constitucional sobre la separación de poderes en la definición de la política económica exterior del país.
En resumenLa política de aranceles de Donald Trump ha sido cuestionada tanto por la justicia como por el Congreso. Un fallo judicial limitó su uso de poderes de emergencia para imponer tarifas, mientras que el Senado votó para revertir sus gravámenes, evidenciando una significativa oposición a su estrategia comercial unilateral.