La nueva política supone un recorte del 94% respecto al tope de 125.000 solicitudes anuales que había sido establecido por la administración anterior de Joe Biden. Según un documento publicado por la Casa Blanca, la prioridad para obtener el estatus de refugiado la tendrán “principalmente” los sudafricanos blancos, también conocidos como afrikáneres. Esta medida redefine profundamente el papel humanitario de Estados Unidos en el escenario mundial y ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de los refugiados. El cambio de enfoque se alinea con la retórica nacionalista y las políticas migratorias restrictivas que han caracterizado la presidencia de Trump. La decisión de priorizar a un grupo étnico específico ha generado acusaciones de discriminación racial y de abandonar el compromiso histórico del país con la acogida de personas que huyen de la persecución en diversas partes del mundo. La medida se suma a una serie de acciones de la administración para endurecer los controles fronterizos y limitar tanto la inmigración legal como la ilegal.