La administración del presidente Donald Trump ha intensificado notablemente la presión militar y retórica sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta estrategia se ha materializado en un despliegue naval sin precedentes en el Caribe y una controversial campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, generando una grave crisis diplomática en la región. En el centro de la escalada se encuentra la declaración de Trump de que los días de Maduro “están contados”, una afirmación repetida en una entrevista con la cadena CBS. Esta retórica ha sido respaldada por una formidable demostración de fuerza, incluyendo el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y moderno de la flota estadounidense, y el crucero lanzamisiles USS Gettysburg. La justificación oficial de Washington es una “guerra contra las drogas”, pero múltiples reportes y analistas, citados en los artículos, sugieren que el objetivo real podría ser forzar un cambio de régimen en Venezuela. La campaña ha sido letal, con más de 65 personas muertas en al menos 15 ataques a presuntas “narcolanchas” desde septiembre.
Estos operativos, calificados por el Pentágono como ataques a “narcoterroristas”, han sido denunciados por organismos como la ONU, que los considera posibles “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional. La ambigüedad de Trump ha exacerbado la incertidumbre; al ser consultado sobre posibles ataques terrestres, se limitó a decir: “No digo que sí ni que no. No hablo de eso”.
Esta postura, sumada a informes de medios como el Miami Herald sobre planes para bombardear instalaciones militares en Venezuela, ha provocado la condena de líderes regionales como el presidente colombiano Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, quienes alertan sobre una posible “tragedia humanitaria”.
En resumenLa estrategia de Donald Trump hacia Venezuela combina una retórica beligerante con acciones militares directas en el Caribe bajo una campaña antidrogas. Esta política ha resultado en decenas de muertes, ha sido cuestionada por su legalidad y ha aumentado el temor a una intervención militar directa para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.