UU. ha destruido al menos 16 embarcaciones, resultando en más de 60 muertes.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha defendido públicamente estas acciones, calificando a los tripulantes como "narcoterroristas" y afirmando que serán tratados "EXACTAMENTE como tratamos a Al-Qaeda". En un discurso, el presidente Trump respaldó esta postura, desestimando las críticas de que las víctimas podrían ser pescadores: "Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando.

Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad?".

Sin embargo, esta estrategia ha generado una fuerte condena internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que los ataques podrían constituir "ejecuciones extrajudiciales" y violaciones al derecho internacional, ya que el uso de fuerza letal solo se justifica ante una amenaza inminente, lo cual no parecía ser el caso. La ONU ha exigido el cese inmediato de los bombardeos y la apertura de investigaciones independientes. En la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los ataques como "asesinatos" y una "agresión al Caribe", anunciando que su país presentará una proposición en la ONU para detenerlos. La controversia también ha resonado dentro de Estados Unidos, donde senadores de ambos partidos, como el republicano Rand Paul y el demócrata Tim Kaine, han cuestionado la legalidad de las operaciones al no contar con la autorización del Congreso.