El fallo, que reafirma que solo el Congreso tiene la autoridad constitucional para regular importaciones mediante aranceles, limita significativamente el poder del ejecutivo en materia comercial. A pesar de la decisión, los aranceles permanecerán vigentes hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo.

Paralelamente, en el Congreso, el Senado de Estados Unidos ha mostrado su descontento con la política comercial del presidente.

En una serie de votaciones bipartidistas, la Cámara Alta aprobó resoluciones para anular los aranceles impuestos a varios socios comerciales. Con el apoyo de un puñado de senadores republicanos, se votó a favor de derogar los aranceles del 50% a productos brasileños y del 25% a los de Canadá.

Otra resolución busca dejar sin efecto las tasas aplicadas a aliados como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Estas votaciones evidencian una fractura dentro del Partido Republicano y un desafío directo a la estrategia proteccionista de Trump, quien ha utilizado los aranceles como principal herramienta de presión en sus negociaciones comerciales internacionales, como las que mantiene con Brasil y Canadá.