Naciones Unidas y varios países nórdicos también han expresado su preocupación por el potencial impacto transfronterizo de las actividades extractivas. Se anticipa una larga batalla legal, ya que grupos defensores del medio ambiente y comunidades indígenas han anunciado que presentarán demandas para bloquear los permisos de perforación, llevando el futuro de una de las últimas regiones vírgenes del mundo a los tribunales.