UU. y agrava una crisis diplomática sin precedentes entre los dos países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al presidente Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en su lista de sancionados financieros. El gobierno estadounidense justificó la medida argumentando que "desde que el presidente Petro asumió el cargo, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a máximos históricos". Esta acción representa la culminación de una serie de tensiones crecientes. Previamente, Washington había retirado a Colombia de la lista de países cooperantes en la lucha antidrogas, había revocado la visa diplomática de Petro y el presidente Trump lo había calificado como un "líder narco".

Las sanciones tienen efectos inmediatos y concretos: se bloquean todos los bienes de los designados en jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones con ellos. El ministro Benedetti reportó que su tarjeta de crédito ya fue bloqueada, y se conoció un incidente en el que una empresa norteamericana se negó a suministrar combustible al avión presidencial colombiano. El gobierno de Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una "mentira", una "decisión injustificada y de carácter político" y una injerencia en los asuntos internos de Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones, aclarando que "nuestro problema es con él" y no con el pueblo colombiano, descartando por ahora la imposición de aranceles comerciales contra el país.