Sin embargo, esta política ha sido condenada enérgicamente a nivel global.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó los ataques como "inaceptables", "ejecuciones extrajudiciales" y violaciones al derecho internacional, argumentando que el uso de fuerza letal solo se justifica ante una amenaza inminente, lo cual no parecía ser el caso.

La ONU ha exigido investigaciones independientes.

En la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a calificar las operaciones como un "crimen de guerra". La controversia también ha resonado dentro de Estados Unidos, donde senadores de ambos partidos han cuestionado la legalidad de los ataques.

El senador demócrata Rubén Gallego los describió como "asesinatos", mientras que el republicano Rand Paul señaló que son acciones asimilables a las de regímenes autoritarios, ejecutando personas "sumariamente sin presentar pruebas".