Una de las políticas más emblemáticas del presidente Donald Trump, la imposición de aranceles generalizados, ha sufrido importantes reveses tanto en los tribunales como en el Congreso de Estados Unidos, lo que evidencia una creciente resistencia interna a su agenda comercial. En una decisión calificada como “histórica”, el Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que el presidente Trump excedió sus facultades al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles masivos. El tribunal concluyó que dicha ley no otorga al presidente la autoridad para “regular importaciones” mediante aranceles, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso según la Constitución. A pesar del fallo, los aranceles permanecerán vigentes hasta que la Corte Suprema emita un pronunciamiento definitivo, y el gobierno ya prepara una apelación.
Paralelamente, en el ámbito legislativo, el Senado ha desafiado directamente al presidente.
La Cámara Alta aprobó resoluciones bipartidistas para derogar o anular los aranceles impuestos a varios de los socios comerciales tradicionales de EE. UU. Con el apoyo de un puñado de senadores republicanos que rompieron filas con el partido, se aprobaron medidas para revertir las tasas aplicadas a países como Brasil, Canadá, Japón y la Unión Europea.
Estas votaciones marcan una fractura dentro del Partido Republicano sobre la política comercial expansiva de Trump. Mientras tanto, la administración ha continuado su estrategia, como lo demuestra el aumento del 10% en los aranceles a Canadá tras una disputa por una campaña publicitaria.
En resumenLa política arancelaria de Donald Trump ha sido cuestionada en múltiples frentes internos, con un tribunal federal declarando ilegal el uso de poderes de emergencia para su imposición y el Senado votando para revertir las tarifas aplicadas a socios clave, lo que indica una notable oposición a su autoridad comercial.