En una acción sin precedentes que marca una grave escalada en las tensiones bilaterales, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la 'Lista Clinton'. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, se justificó por la supuesta falta de cooperación y la ineficacia del gobierno colombiano en la lucha antinarcóticos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”. El presidente Donald Trump respaldó la medida con duras acusaciones, calificando a Petro de “líder del narcotráfico” y “traficante de drogas”. Las sanciones implican el congelamiento de cualquier activo que las personas designadas posean en jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.
UU. realizar transacciones con ellos.
La decisión ya ha tenido consecuencias prácticas, como la negativa de una empresa estadounidense a suministrar combustible al avión presidencial colombiano en una escala y el bloqueo de la tarjeta de crédito del ministro Benedetti. El presidente Petro rechazó enérgicamente las sanciones, calificándolas como una “mentira” y una agresión impulsada por “mafias” en Florida.
En un discurso en la Plaza de Bolívar, afirmó no tener activos en EE.
UU. y que no cederá ante las presiones.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar el alcance de la medida, asegurando que el problema es con Petro “a nivel individual” y no con el pueblo colombiano, descartando por ahora la imposición de aranceles comerciales contra el país.