La administración Trump ha impuesto sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presunta inacción y complicidad con el narcotráfico, desatando una grave crisis diplomática. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La justificación oficial, expresada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”. El propio Trump calificó a Petro de “líder del narcotráfico”. La sanción implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ciudadanos o entidades de EE.
UU.
Esta medida, sin precedentes para un presidente colombiano en ejercicio, se suma a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y a la suspensión de parte de la ayuda económica, estimada en 27 millones de dólares anuales. Petro rechazó enérgicamente las acusaciones, calificándolas de “paradoja” y de ser una represalia política.
“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida”, declaró, anunciando que su abogado en EE.
UU. será Danny Kovalik.
El ministro Benedetti también reaccionó, afirmando que su inclusión se debe a haber defendido al presidente, y calificó la lucha antidrogas de EE.
UU. como una “farsa armamentista”. La crisis ya ha tenido efectos prácticos, como la negativa de una empresa estadounidense a suministrar combustible al avión presidencial en una escala.
En resumenEl gobierno de Trump sancionó al presidente colombiano Gustavo Petro y a su entorno, incluyéndolos en la Lista Clinton por supuestamente permitir el aumento de la producción de cocaína. Petro y sus allegados niegan las acusaciones y las califican como un ataque político, en medio de una crisis diplomática que ya incluye la suspensión de parte de la ayuda estadounidense a Colombia.