La administración de Donald Trump ha ejecutado una controvertida campaña militar en el Caribe y el Pacífico, atacando embarcaciones sospechosas de narcotráfico, lo que ha generado una crisis diplomática y acusaciones de violaciones al derecho internacional. Desde septiembre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, bajo órdenes directas del presidente Trump, ha realizado una serie de “ataques cinéticos letales” contra lanchas rápidas y semisumergibles. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido el principal portavoz de estas operaciones, anunciando a través de redes sociales la destrucción de al menos quince embarcaciones y la muerte de más de sesenta personas, a quienes califica de “narcoterroristas”. Uno de los ataques más letales reportados fue contra cuatro lanchas en el Pacífico, que dejó un saldo de catorce muertos.
La ofensiva ha sido duramente criticada a nivel internacional.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, acusó a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” y “violar el derecho internacional”. En la misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado las acciones de “asesinatos” y “crimen de guerra”, anunciando que presentará una proposición ante las Naciones Unidas para exigir su cese.
Congresistas demócratas en Estados Unidos también han denunciado los ataques como “asesinatos”.
En defensa de su política, Donald Trump declaró que las embarcaciones atacadas “no estaban pescando” y que transportaban narcóticos en cantidades suficientes para “matar a 25.000 estadounidenses”.
Para reforzar la operación, el Pentágono ordenó el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su flota.
En resumenLa administración Trump defiende sus ataques letales contra supuestas narcolanchas como una guerra necesaria contra los carteles, pero enfrenta una condena generalizada de la ONU, Colombia y legisladores demócratas, quienes los consideran ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y escalan las tensiones regionales.