Organizaciones de derechos civiles y expertos en privacidad han manifestado su preocupación por el alcance de la medida. La abogada Kate Lincoln-Goldfinch, directora de la firma Lincoln-Goldfinch Law, advirtió que la norma establece un “nuevo paradigma de vigilancia que requiere supervisión jurídica activa” y cuestionó qué ocurrirá con los datos almacenados y los mecanismos para corregir errores. Los críticos argumentan que el gobierno podría tratar de forma indiscriminada a todos los no ciudadanos y aumentar la discrecionalidad de las autoridades en el manejo de información personal sensible.