Esta acción implica el congelamiento de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida afirmando que “desde que el presidente Petro asumió el cargo, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a máximos históricos”. Esta sanción formaliza meses de hostilidades por parte de la administración Trump, que previamente había suspendido parte de la ayuda económica, descertificado a Colombia en la lucha antidrogas y revocado la visa de Petro.

El propio Trump reiteró sus acusaciones, llamando a Petro “líder del narcotráfico” y “matón”.

La reacción del gobierno colombiano fue inmediata.

El presidente Petro calificó la sanción como una “paradoja” y una represalia política, afirmando que es el resultado de presiones de “mafias en La Florida”.

Anunció que se defenderá con abogados en Estados Unidos y declaró: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida”.

El ministro Benedetti también rechazó la inclusión, calificando la lucha antidrogas de EE.

UU. como una “farsa armamentista”. La medida generó reacciones en la región, con Venezuela y Cuba condenando las sanciones como una “desesperada reacción” y una práctica “ilegítima y neocolonial”.