La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico mediante una controversial campaña de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, generando una crisis diplomática con países latinoamericanos y un debate sobre la legalidad de dichas operaciones. Esta nueva doctrina de seguridad equipara a los carteles con organizaciones terroristas, justificando el uso de fuerza letal. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de una decena de ataques, resultando en la muerte de al menos 57 personas, a quienes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha calificado de “narcoterroristas”. Los operativos, ordenados directamente por el presidente Trump, se han extendido desde el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, hasta el océano Pacífico, frente a Colombia y México. La justificación de Washington es que estas acciones son necesarias para detener el flujo de drogas que “envenenan a los estadounidenses”. Trump defendió la estrategia en un discurso en Japón, afirmando que las embarcaciones no estaban “pescando” y que su gobierno está “librando una guerra contra los carteles como nunca antes la han visto”.
Comparó a los carteles con Al Qaeda e ISIS, una retórica repetida por Hegseth, quien advirtió: “Te cazaremos y te mataremos”.
Esta política ha provocado una enérgica condena internacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido el crítico más vehemente, calificando los ataques de “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional.
La Cancillería colombiana y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también han rechazado las acciones unilaterales. Internamente, en Estados Unidos, la legalidad de los bombardeos es cuestionada por legisladores de ambos partidos. El senador republicano Rand Paul los calificó de “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que otros congresistas demócratas han denunciado la falta de autorización del Congreso para una acción militar de esta naturaleza.
En resumenLa nueva estrategia militar de la administración Trump contra el narcotráfico, que implica ataques letales contra presuntas 'narcolanchas', ha resultado en un alto número de muertes y ha provocado una grave crisis diplomática, especialmente con Colombia. La política es defendida por la Casa Blanca como una guerra necesaria contra el 'narcoterrorismo', pero enfrenta fuertes críticas internacionales y un profundo debate legal en Estados Unidos sobre su constitucionalidad y respeto al derecho internacional.
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