La normativa, publicada en el Registro Federal, también contempla la recolección de otros datos biométricos como huellas dactilares y escaneos faciales, aunque estos últimos podrían tener exenciones por razones humanitarias.

La medida afectará a una amplia gama de viajeros, incluyendo turistas, estudiantes, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores. Los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos están exentos de esta recolección de datos. El DHS justifica la implementación de este nuevo sistema biométrico integrado como una herramienta para facilitar la verificación de la identidad real de los viajeros, combatir el fraude documental y el terrorismo, y evitar la sobreestadía de personas con visas vencidas. Según cálculos del DHS, la implementación tendrá costos anualizados de entre 119 y 122 millones de dólares, pero argumenta que los beneficios en seguridad y eficiencia superan ampliamente los gastos. La medida ha generado interrogantes sobre la privacidad de los viajeros internacionales, y el DHS ha abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 27 de noviembre para recibir observaciones sobre el nuevo sistema.