La crisis se formalizó el 24 de octubre de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la ‘Lista Clinton’. La justificación de Washington, según el secretario del Tesoro Scott Bessent, es que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”. Como consecuencia, se congelan los activos de los sancionados en jurisdicción estadounidense y se prohíbe a ciudadanos de EE.

UU. realizar transacciones con ellos.

La decisión fue precedida por una serie de acusaciones directas de Donald Trump, quien calificó a Petro de “líder del narcotráfico”, “matón” y “mal tipo”, y anunció la suspensión de la ayuda económica a Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que las sanciones son “a nivel individual” y no contra el pueblo colombiano, descartando por ahora la imposición de aranceles. La respuesta del presidente Petro fue contundente, calificando las acusaciones de “calumnias” y anunciando que se defenderá judicialmente en Estados Unidos. Atribuyó las sanciones a la presión de “mafias en La Florida” y aseguró: “jamás de rodillas”. A pesar de la hostilidad, el gobierno colombiano ha intentado mantener abiertos los canales diplomáticos, con reuniones entre el presidente Petro y el encargado de negocios de EE.

UU. en Bogotá, John McNamara.