UU. justifica estas acciones como una defensa legítima contra el “narcoterrorismo”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó: “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”.

Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas concluyentes que vinculen a todas las embarcaciones atacadas con el narcotráfico.

La respuesta internacional ha sido contundente.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y una “violación al derecho internacional”.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las operaciones se ejecutan sin justificación legal bajo el derecho internacional, ya que no existe un conflicto armado que autorice el uso de fuerza letal. Por su parte, los gobiernos de México y Brasil también han expresado su rechazo, y el presidente Lula da Silva criticó la violación de la soberanía de los países de la región, sugiriendo en cambio una mayor cooperación policial conjunta.