El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impuso sanciones sin precedentes contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su círculo familiar y altos funcionarios, agudizando una crisis diplomática bilateral. La medida, que incluye la inserción en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, representa un hito en las relaciones entre ambos países. La justificación oficial del Departamento del Tesoro, articulada por el secretario Scott Bessent, se centra en el presunto fracaso de la administración Petro en la lucha contra el narcotráfico. Según Washington, “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. El propio Trump intensificó los ataques verbales, calificando a Petro de “líder del narcotráfico” y “matón”. Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades de EE.
UU.
Además de Petro, fueron incluidos su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En respuesta, el presidente Petro calificó la medida como una “paradoja” y una “mentira” motivada políticamente, afirmando que es una “expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha”.
Anunció que se defenderá judicialmente y negó tener activos en Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar el alcance de la medida, asegurando que “nuestro problema con él (...) es que, de hecho, no está cooperando con (nuestra) lucha antidrogas, y consideramos que es mejor abordarlo a nivel individual”, y no contra el pueblo colombiano.
En resumenLa inclusión del presidente Gustavo Petro y su entorno en la ‘Lista Clinton’ por parte de EE. UU. marca un punto de inflexión y deterioro histórico en la relación bilateral. La medida, justificada por el aumento en la producción de cocaína, ha sido catalogada por Colombia como una agresión política, desencadenando una profunda crisis diplomática con consecuencias políticas y financieras significativas.
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