Esta decisión materializa las amenazas previas del mandatario y profundiza la peor crisis diplomática entre los dos países en décadas.

El anuncio fue justificado por la administración Trump debido a las “desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro”. El Departamento de Estado oficializó la medida, indicando que Colombia no sería certificada en el cumplimiento de sus responsabilidades en la lucha contra las drogas, un requisito legal para la liberación de ciertos fondos. Específicamente, se congeló un 20 % de los recursos asignados para la lucha antidrogas, lo que equivale a aproximadamente 27 millones de dólares anuales de una partida de 135 millones. Aunque el recorte es parcial y no afecta la totalidad de la cooperación, se suma a la suspensión de la ayuda social que ya se había frenado a principios de año.

El presidente Trump fue contundente en sus declaraciones, afirmando: “A partir de hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia”. Por su parte, el presidente Petro minimizó el impacto de la medida, declarando: “¿Qué pasa si nos quitan la ayuda?

En mi opinión, nada”.

Según Petro, dicha ayuda no se refleja en el presupuesto nacional y es gestionada directamente por ONG de USAID, por lo que la consideró “una ayuda para ellos mismos”. No obstante, el recorte de fondos pone en riesgo décadas de cooperación bilateral y afecta programas clave en seguridad y desarrollo.