UU. realizar transacciones comerciales o financieras con ellos, generando un aislamiento financiero internacional.

La inclusión se fundamenta en la Orden Ejecutiva N.º 14059, que permite designar a extranjeros implicados en el tráfico internacional de drogas. Varios análisis sugieren que la medida es una represalia política por la postura divergente de Petro en la lucha antidrogas y que se estiró el ámbito de la sanción sin presentar pruebas concluyentes de vínculos directos con narcotraficantes. El presidente Petro rechazó enérgicamente las sanciones, calificándolas como una “paradoja” y una expresión de “personas poderosas que residen en Estados Unidos”. En un discurso en la Plaza de Bolívar, afirmó no tener activos en EE. UU. y atribuyó la medida a “la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en La Florida”.

Petro anunció que su defensa legal en Estados Unidos estará a cargo del abogado Dan Kovalik.

La medida ha sido condenada por gobiernos como los de Cuba y Venezuela, mientras que congresistas republicanos en EE.

UU. la celebraron.