Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que vinculen a todas las víctimas con el narcotráfico. El presidente Petro ha sido una de las voces más críticas, denunciando que las víctimas incluyen a “obreros del narcotráfico” y pescadores inocentes, como un ciudadano de Santa Marta. “Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, afirmó Petro, argumentando que existe un “uso desproporcionado de la fuerza”.

La organización Human Rights Watch (HRW) se sumó a las denuncias, acusando a EE.

UU. de realizar operaciones letales sin justificación legal, ya que no existe un conflicto armado que autorice dicho uso de la fuerza.

HRW exige una investigación independiente, mientras que los gobiernos de Colombia y México han rechazado formalmente los ataques unilaterales y han instado a Washington a respetar la soberanía y los canales diplomáticos.