La estrategia militar de la administración Trump contra el narcotráfico en Latinoamérica ha generado una fuerte controversia internacional, tras la ejecución de múltiples ataques letales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones, que han dejado decenas de muertos, son calificadas por críticos, incluido el presidente Gustavo Petro y organizaciones de derechos humanos, como “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional. Desde septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han destruido al menos diez embarcaciones, causando la muerte de más de 37 personas. Inicialmente concentrados en el Caribe, cerca de Venezuela, los ataques se extendieron al océano Pacífico, frente a las costas de Colombia. El gobierno de EE. UU. justifica estas acciones como “ataques cinéticos letales” contra “narcoterroristas” pertenecientes a organizaciones como el ELN y el Tren de Aragua. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó: “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”.
Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que vinculen a todas las víctimas con el narcotráfico. El presidente Petro ha sido una de las voces más críticas, denunciando que las víctimas incluyen a “obreros del narcotráfico” y pescadores inocentes, como un ciudadano de Santa Marta. “Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, afirmó Petro, argumentando que existe un “uso desproporcionado de la fuerza”.
La organización Human Rights Watch (HRW) se sumó a las denuncias, acusando a EE.
UU. de realizar operaciones letales sin justificación legal, ya que no existe un conflicto armado que autorice dicho uso de la fuerza.
HRW exige una investigación independiente, mientras que los gobiernos de Colombia y México han rechazado formalmente los ataques unilaterales y han instado a Washington a respetar la soberanía y los canales diplomáticos.
En resumenLos bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, justificados como una lucha contra el narcoterrorismo, han provocado una grave crisis diplomática. Gobiernos y organizaciones de derechos humanos denuncian estas acciones como ejecuciones extrajudiciales que violan la soberanía y el derecho internacional, cuestionando la legalidad y proporcionalidad de la ofensiva militar de la administración Trump.
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