Esta medida representa la escalada más severa en las tensiones diplomáticas entre los dos países, tradicionalmente aliados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque popularmente se le conoce como la “Lista Clinton”, los informes aclaran que la sanción se aplicó bajo la Orden Ejecutiva N.º 14059, una normativa más amplia creada durante la administración de Joe Biden para combatir el tráfico de fentanilo, que no requiere pruebas de vínculos directos con narcotraficantes. La justificación de Washington se centra en el “aumento histórico” de la producción de cocaína en Colombia desde que Petro asumió el poder, así como en sus políticas de “paz total”, que según EE.

UU., han beneficiado a organizaciones narcoterroristas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga”. Además, el Departamento del Tesoro citó la divulgación de información confidencial por parte de Petro y su alianza con el “régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”. La sanción implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y entidades de EE.

UU. realizar transacciones con los designados.

En respuesta, Petro calificó la medida como una “paradoja” y una represalia política, afirmando: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida”.

Anunció que su defensa estaría a cargo del abogado estadounidense Dan Kovalik y, en un acto público, expresó con ironía: “Me burlo del castigo”.

El gobierno venezolano y otros actores regionales rechazaron las sanciones, calificándolas como una práctica coercitiva que busca “criminalizar” y desestabilizar al gobierno colombiano.