Estas medidas han generado preocupación entre empresas que dependen del talento extranjero y miles de personas que buscan vías legales para residir en Estados Unidos. En una de las decisiones más impactantes, el gobierno impuso una nueva tarifa de 100,000 dólares a las empresas que soliciten visas H-1B, un programa diseñado para atraer a trabajadores altamente calificados. La Casa Blanca justificó la medida como una forma de frenar el "abuso" del sistema, argumentando que algunas compañías lo usan para reemplazar mano de obra local. Como consecuencia directa, Walmart, uno de los mayores empleadores del país, anunció la suspensión temporal de la contratación de trabajadores que requieran este tipo de visa. Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó una nueva tarifa de 1,000 dólares para los solicitantes del programa de permiso humanitario de ingreso temporal, conocido como "parole". Este cobro, que entró en vigor el 16 de octubre, aplica tanto a nuevas solicitudes como a renovaciones y busca, según el DHS, cubrir los costos operativos del programa. Críticos y organizaciones como la Cámara de Comercio de EE. UU. han presentado demandas contra estas medidas, advirtiendo que podrían afectar la competitividad tecnológica del país y dificultar la llegada de talento especializado.