Estas operaciones, que han resultado en decenas de muertes, han generado una fuerte condena internacional y acusaciones de violar la soberanía y el derecho internacional. Bajo la autorización directa del presidente Donald Trump, las fuerzas armadas estadounidenses han realizado al menos nueve ataques conocidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, resultando en la muerte de al menos 32 personas. Inicialmente concentradas en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, las operaciones se expandieron al Pacífico Oriental, donde se confirmaron al menos dos bombardeos frente a las costas de Colombia. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió las acciones, afirmando que no se trata de "simples narcotraficantes", sino de "narcoterroristas" que constituyen "la Al Qaeda de nuestro hemisferio".

Según el Pentágono, las embarcaciones estaban operadas por Organizaciones Terroristas Designadas, como el ELN.

Sin embargo, esta ofensiva ha sido duramente criticada.

El presidente colombiano Gustavo Petro calificó los ataques como "asesinatos" que violan las normas internacionales, mientras que la ONG Human Rights Watch (HRW) los denunció como "asesinatos extrajudiciales". La controversia se agudizó con denuncias de que algunas de las víctimas eran pescadores inocentes, lo que ha llevado a legisladores en EE. UU. y a expertos de la ONU a cuestionar la legalidad de la campaña militar y el uso de la fuerza letal sin un debido proceso.