El objetivo es erigir un gran salón con capacidad para 900 personas, un proyecto personal del mandatario.

Según los informes, la financiación no provendrá de fondos públicos, sino de donaciones privadas de donantes y grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Lockheed Martin y Coinbase. La propuesta ha sido criticada por diversos sectores, especialmente por el Partido Demócrata, que acusa al presidente de intervenir indebidamente en un complejo propiedad del Estado y de alterar una estructura con un profundo valor histórico. La controversia se centra en la pertinencia de una obra de tal magnitud y costo en la sede del gobierno, así como en las implicaciones de aceptar financiación de grandes corporaciones tecnológicas para un proyecto personal del presidente dentro de la Casa Blanca. Los defensores del proyecto, por otro lado, argumentan que modernizará las instalaciones y proporcionará un espacio adecuado para eventos de gran escala, financiado de manera privada sin costo para el contribuyente.