El conflicto se intensificó drásticamente cuando el presidente Trump, a través de su red social Truth Social, calificó a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. A raíz de estas acusaciones, Trump anunció la suspensión inmediata de “cualquier forma de pago o subsidio” a Colombia, una medida que amenaza la ayuda financiera que en el año fiscal 2023 ascendió a 708 millones de dólares.

Adicionalmente, el mandatario estadounidense confirmó que planea imponer nuevos aranceles a los productos colombianos, lo que encendió las alarmas en los gremios productivos del país andino, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos.

La situación se agravó con la propuesta del senador republicano Bernie Moreno de incluir a Petro, su familia y su círculo cercano en la Lista Clinton de la OFAC, lo que implicaría sanciones financieras personales. La respuesta del gobierno colombiano fue contundente: el presidente Petro calificó a Trump de “grosero e ignorante con Colombia” y la Cancillería llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Posteriormente, en un intento por mitigar la crisis, se llevó a cabo una reunión en Bogotá entre Petro, García-Peña y el encargado de Negocios de EE.

UU., John McNamara, descrita como “larga, franca y constructiva”.

En dicho encuentro, McNamara aclaró que la decisión sobre los aranceles corresponde exclusivamente al presidente Trump, mientras que el gobierno colombiano defendió sus cifras en la lucha antidrogas, argumentando una reducción en el crecimiento de cultivos ilícitos y un aumento histórico en las incautaciones.