El mandatario fue más allá y declaró que, tras tener el mar “bajo control” con sus operaciones navales en el Caribe, ahora está “considerando la tierra”.

Estas declaraciones fueron interpretadas como una amenaza directa de extender las acciones militares a territorio venezolano. En respuesta, el gobierno de Maduro calificó la autorización como una “gravísima violación del derecho internacional” y un “acto de agresión” destinado a un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos petroleros del país. Caracas anunció que denunciará a Estados Unidos ante la ONU y activó planes de defensa como la movilización “Independencia 200” en sus fronteras. La tensión se ve alimentada por el sobrevuelo de bombarderos B-52 estadounidenses cerca del espacio aéreo venezolano y las afirmaciones de Trump de que Maduro le ha ofrecido “de todo” para evitar una confrontación.