Trump justificó las acciones afirmando que por cada tres “narcoterroristas” muertos, se salvan “25.000 vidas estadounidenses”.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido fuertemente rebatidas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que las víctimas son en realidad “humildes pescadores” y acusó a EE.

UU. de cometer un “asesinato” y violar la soberanía colombiana. El caso más emblemático es el de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta cuya familia asegura que no tenía vínculos con el narcotráfico y que su lancha fue bombardeada mientras estaba a la deriva.

Familias en Trinidad y Tobago también han denunciado la muerte de pescadores inocentes. La controversia se agudiza por la falta de pruebas presentadas por Washington y por el hecho de que en algunos casos hubo sobrevivientes que fueron repatriados a sus países de origen, como Colombia y Ecuador, para ser procesados allí, una decisión que según expertos busca evitar complicaciones legales en Estados Unidos.