UU. ha ejecutado múltiples “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones sospechosas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó un ataque el 17 de octubre contra un buque presuntamente afiliado al ELN, resultando en la muerte de tres “narcoterroristas”.

Hegseth comparó a los carteles con Al Qaeda, afirmando que “serán perseguidos y aniquilados”.

Desde septiembre, se reportan al menos siete operaciones similares con más de 30 fallecidos.

Sin embargo, estas acciones han sido fuertemente cuestionadas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que una de las lanchas bombardeadas pertenecía a un “humilde pescador” de Santa Marta y no al ELN, acusando a EE. UU. de “asesinato” y de violar la soberanía colombiana.

Familias en Trinidad y Tobago también han afirmado que algunas víctimas eran pescadores inocentes.

La legalidad de estos ataques en aguas internacionales, sin detenciones ni procesos judiciales, ha sido puesta en duda por expertos. En respuesta a la creciente presencia militar estadounidense, que incluye buques de guerra, aviones y un submarino nuclear cerca de sus costas, Venezuela ha activado planes de defensa nacional. Más de 100 organizaciones civiles han solicitado al Congreso de EE.

UU. una investigación formal sobre los ataques, calificándolos como posibles “ejecuciones extrajudiciales”.