Familiares en Trinidad y Tobago y Colombia han denunciado que entre los fallecidos se encontraban pescadores inocentes, como el ciudadano colombiano Alejandro Carranza.

El presidente Gustavo Petro afirmó que una de las lanchas atacadas era colombiana y que la víctima era un pescador, lo que elevó la tensión diplomática con Washington. La legalidad de estas acciones ha sido ampliamente debatida, con expertos en derecho internacional y más de 100 organizaciones civiles señalando que los ataques podrían constituir "ejecuciones extrajudiciales" y violar normas sobre el uso de la fuerza en aguas internacionales. Estas organizaciones han solicitado una investigación formal al Congreso de EE.

UU. Un giro reciente en la situación fue la confirmación de que, por primera vez, hubo sobrevivientes en uno de los ataques. Según Trump, los dos individuos, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, no serán procesados en Estados Unidos, sino que serán repatriados a sus países de origen para su "detención y enjuiciamiento", una decisión que, según analistas, busca evitar complicaciones legales en territorio estadounidense.