Estas acciones, que incluyen el bombardeo de múltiples embarcaciones, han resultado en decenas de muertes y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado un considerable poderío militar en la región, incluyendo bombarderos B-52, siete buques de la Armada y aviones de guerra furtivos. La ofensiva ha resultado en al menos seis ataques contra embarcaciones que Washington califica como "narcolanchas", dejando un saldo de al menos 27 muertos.

El presidente Trump ha defendido personalmente estas acciones, afirmando que por cada embarcación detenida "se salvan 25.000 vidas estadounidenses".

Además, ha declarado que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "ha ofrecido todo" para frenar la ofensiva porque "no quiere joder con Estados Unidos".

El gobierno de Venezuela ha rechazado enérgicamente estas operaciones, calificándolas de agresión, violación de su soberanía y un pretexto para un "cambio de régimen".

Caracas ha respondido reforzando su presencia militar en las fronteras.

La legalidad de los ataques ha sido cuestionada por expertos y organizaciones de derechos humanos, que los consideran ejecuciones extrajudiciales. Más de 100 organizaciones han solicitado al Congreso de EE.

UU. una investigación formal.

La controversia se agudiza con las denuncias de que las víctimas no eran narcotraficantes; familias de Trinidad y Tobago afirman que eran pescadores inocentes, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sostenido que ciudadanos de su país estaban entre los fallecidos, una afirmación que Washington le pidió retractar.