El presidente Donald Trump amenazó con eliminar 10.000 puestos de trabajo, y la Casa Blanca confirmó que las “reducciones de personal” ya habían comenzado. El cierre de gobierno, producto de un estancamiento en las negociaciones presupuestarias entre republicanos y demócratas en el Congreso, ha afectado a múltiples sectores.

Cientos de miles de empleados federales han sido suspendidos o se han visto obligados a trabajar sin sueldo.

La parálisis ha impactado servicios públicos, con museos cerrados y aeropuertos operando a media marcha. Además, la Reserva Federal se ha visto privada de datos económicos clave, lo que aumenta la incertidumbre en la toma de decisiones de política monetaria. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el cierre le costaba a la economía estadounidense aproximadamente 15.000 millones de dólares al día. A pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente parte de los despidos masivos anunciados por Trump, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, dirigida por Russell Vought, afirmó que el proceso de reducción de personal ya estaba en marcha. La administración republicana ha sostenido que los despidos son una consecuencia inevitable del cierre, una afirmación disputada por los demócratas y expertos presupuestarios.