Trump defendió el uso de la fuerza letal, declarando: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”. La legalidad y la transparencia de estas acciones han sido fuertemente cuestionadas. El gobierno de Venezuela ha denunciado los ataques ante la ONU como “asesinatos extrajudiciales” y una violación del derecho internacional. A la controversia se sumó la afirmación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que ciudadanos colombianos se encontraban entre las víctimas de uno de los bombardeos, una declaración que la Casa Blanca exigió que se retractara. Dentro de Estados Unidos, miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han expresado su frustración por la falta de información clara por parte del Pentágono sobre la base legal de las operaciones y la inteligencia utilizada para identificar los objetivos. Columnistas y expertos en derecho internacional han calificado las acciones como ilegales, argumentando que violan la presunción de inocencia y las normas que rigen el uso de la fuerza en aguas internacionales.