Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado buques y aviones de guerra en el Caribe, ejecutando al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones. El presidente Trump ha justificado el uso de fuerza letal, calificando a las víctimas como “narcoterroristas” y afirmando que cada embarcación interceptada transporta drogas suficientes para causar miles de muertes por sobredosis en EE.

UU. “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”, declaró.

Sin embargo, estos ataques en aguas internacionales han generado una fuerte controversia.

Expertos y legisladores demócratas en el Congreso estadounidense cuestionan su legalidad, la base de inteligencia utilizada y el riesgo de que mueran inocentes, ya que los sospechosos no son detenidos ni interrogados. La tensión se agudizó cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó tener “indicios” de que una de las lanchas bombardeadas era colombiana y transportaba a sus ciudadanos, una versión que, según The New York Times, fue confirmada por dos funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca, no obstante, calificó la declaración de Petro como “infundada” y le exigió una retractación, lo que ha provocado una crisis diplomática. La falta de transparencia de la administración Trump, que se ha negado a entregar videos sin editar de los ataques, alimenta las sospechas sobre la veracidad de los objetivos presentados.